¿Y el aprendizaje y las habilidades?

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La universidad como el lugar donde cambiarán su historia, y no donde aprendan a resignarse a ella.
Marco Antonio Fernández Martínez

De cada cien niños que entran a la primaria en México sólo veintiocho terminan la educación superior. El dato no es una estadística más: resume una promesa rota. Millones de familias organizan sus gastos, sacrificios y expectativas en torno a la universidad como palanca de movilidad social. Para la mayoría, esa promesa se quiebra mucho antes de que puedan aspirar a un título.

El problema surge cuando esa aspiración se enfrenta a la realidad. Entre quienes llegan a la educación media superior y aspiran a seguir, se pierden 38 de cada 100: jóvenes a los que no les alcanzó para costear los estudios, que no reunieron los conocimientos para sostener el ritmo de aprendizaje o que no lograron los aciertos necesarios en el examen de admisión.

Quienes sí entran a la universidad descubren pronto que no es el lugar de especialización que les habían prometido. Se topan con profesores desactualizados, planes de estudio que poco tienen que ver con lo que demanda el mercado laboral, aulas donde sobra teoría y falta práctica y escuelas que apenas conversan con la industria. De los 1335 programas de educación superior en tecnologías de la información, manufactura e ingeniería que ofrece el país, siete de cada diez se diseñaron hace más de quince años y nunca se actualizaron. Por eso no sorprende que, al egresar, sólo tres de cada diez trabajen en aquello para lo que se formaron y que seis de cada diez inicien su vida laboral en la informalidad.

El premio por estudiar sigue vigente en México: el ingreso mensual de un profesional ($14 500 pesos) triplica al de quien sólo terminó la primaria ($4500 pesos) y el de alguien con posgrado ($30 000 pesos) lo sextuplica. Pero ese premio no lo otorga el título; lo brindan las habilidades que deberían garantizarlo; el diploma sin formación real es un boleto que ya no garantiza el viaje. El sistema universitario sólo otorga esas habilidades a una minoría; el resto recibe un papel que acredita estudios, pero no una formación que les sirva para adaptarse al cambio tecnológico, insertarse exitosamente en el mundo laboral y seguir aprendiendo.

Las empresas insisten en que no encuentran los perfiles que necesitan. En el diagnóstico de habilidades laborales que estamos realizando en Guanajuato, un empleador lo resumió sin rodeos: sus ingenieros recién egresados acumulan apenas diez horas de práctica en taller durante cuatro años de carrera.

La inequidad en el acceso, la baja calidad y la pertinencia inadecuada frustran las expectativas de miles de jóvenes que son la primera generación universitaria de sus familias. El problema es que muchos descubren demasiado tarde que entrar no garantiza aprender. 

Las universidades responden que están mejorando su oferta, que capacitan a sus docentes, que abren nuevas carreras, que sobreviven como pueden a los recortes.

La pregunta, incómoda e inevitable, es: si las universidades ya están atendiendo el problema, ¿por qué seguimos viendo la misma historia con cada generación que egresa?

La respuesta no sólo es el dinero insuficiente; es la falta de autocrítica y de herramientas para medir los resultados de las universidades públicas y privadas. Buena parte de las carreras nuevas nacen de planes nacionales sin estudios serios sobre su pertinencia —el ejemplo más reciente son los semiconductores— sin aprender de quienes ya recorrieron ese camino y sin considerar las enormes diferencias productivas entre una región y otra. El resultado roza el absurdo: una persona joven hiper–especializada en una carrera que su propia región no demanda.

La política de educación superior se comporta como si el sistema fuera centralizado, cuando en realidad está atomizado. Como no existe un seguimiento serio de lo que ocurre con quienes egresan, las omisiones y fallas del sistema se vuelven invisibles. Se reparte presupuesto sin exigir métricas de mejora y las instituciones demandan más recursos sin hacerse responsables de sus resultados.

Ante desafíos como la inteligencia artificial hay algunas personas que asumieron su parte. Un grupo de empresas decidió formar al talento que llega y, por eso, financia universidades corporativas, microcredenciales, modelos duales y centros de capacitación en Aguascalientes, Nuevo León, Guanajuato y Chihuahua. Son esfuerzos valiosos, pero aislados. 

En un país donde una cuarta parte de la población tiene menos de 18 años y sueña con ser universitaria, no podemos dejar la pertinencia de todo el sistema en manos de la buena voluntad de unos pocos empleadores.

Durante años sólo se le ha exigido al sistema universitario una cosa: llenar las aulas. Pero llenar las aulas no es lo mismo que garantizar el derecho a aprender. Mientras el debate no se mueva hacia la calidad y la pertinencia, seguiremos celebrando que más jóvenes acuden a la universidad sin analizar con seriedad lo que ésta les ofrece —o deja de ofrecer— para su formación integral.

La universidad como el lugar donde cambiarán su historia, y no donde aprendan a resignarse a ella. ¿Cómo cumplir la promesa que persiste en el imaginario de las y los jóvenes?

El verdadero riesgo no es sólo que los más jóvenes no encuentren empleo. Es algo más profundo: que una generación entera deje de creer que el esfuerzo educativo vale la pena. Y cuando una sociedad pierde confianza en la educación como mecanismo de movilidad social, no sólo fracasa su universidad, sino que también se fractura su contrato social.

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Marco Antonio Fernández Martínez
Investigador en Escuela de Gobierno y Transformación Pública
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey